El 1 de junio, la colectiva ILE presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso de San Luis Potosí, la propuesta para impulsar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, misma que fue presentada al pleno en la sesión ordinaria 71, la cual explica que la Secretaría de Salud del Estado deberá proporcionar los servicios necesarios para la interrupción del embarazo en forma gratuita y universal.
Se propone definir al aborto ilegal como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación con distintas penas, siendo estas: A la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otra persona la haga abortar se le impondrá una pena de seis a nueve meses de prisión y una sanción pecuniaria de 100 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), señalando que en este caso, el delito solo se sancionará cuando haya sido consumado.
También se considera dentro de la propuesta que a quien hiciera abortar a una mujer con el consentimiento de la misma la pena impuesta sería en igual medida que la anterior pero solo hasta 100 UMAs, así como crear el delito de aborto forzado en cualquier momento de la gestación cuando no exista.
Adicionando un excluyente de responsabilidad penal cuando existan casos de alteraciones genéticas que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del producto y sería requerido el consentimiento de la mujer. Dicha propuesta finaliza explicando que serán las propias instituciones de salud del Gobierno del Estado quienes atiendan dichas solicitudes de la interrupción del embarazo a todas las mujeres solicitantes, sin importar que estas cuenten con algún otro servicio de salud, ya sea público o privado.
Dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia, Asistencia Social y Derechos Humanos y en caso de ser aprobada, pasar al pleno posteriormente para su votación.
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