Las iniciativas buscan establecer mecanismos para atender casos de vulnerabilidad social, violaciones a derechos humanos y posibles errores judiciales, con restricciones para delitos de alto impacto.
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó dos iniciativas ante el Congreso de San Luis Potosí para expedir las leyes de Amnistía y de Indulto del estado, con el propósito de establecer los criterios y procedimientos para aplicar ambas figuras jurídicas.
El legislador explicó que las propuestas buscan reglamentar la reforma constitucional estatal que incorporó estos mecanismos, cuya aplicación correspondería a distintas autoridades: la amnistía al Poder Legislativo y el indulto al Poder Ejecutivo.
En el caso de la Ley de Amnistía, la iniciativa contempla beneficiar a personas que se encuentren en condiciones de pobreza o discriminación, campesinos que hayan defendido sus tierras, mujeres que hayan vivido situaciones de violencia o trata, así como personas cuyos procesos hayan presentado posibles violaciones al debido proceso.
La propuesta también plantea priorizar la reparación del daño a las víctimas y excluir del beneficio delitos considerados de alto impacto, entre ellos el abuso y la violencia sexual contra menores, la violación y aquellos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal.
Badillo Moreno señaló que la iniciativa busca atender situaciones en las que sectores vulnerables hayan enfrentado condiciones de desigualdad o discriminación, bajo los principios de derechos humanos establecidos en la Constitución federal.
Por otra parte, la propuesta de Ley de Indulto pretende regular la facultad de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal para conceder este beneficio a personas sentenciadas por delitos del fuero común. El mecanismo permitiría extinguir la ejecución de determinadas penas y medidas de seguridad en circunstancias excepcionales, sin que represente un derecho automático para quienes lo soliciten.
El proyecto contempla dos modalidades: el indulto por gracia, dirigido a casos extremos relacionados con problemas de salud, edad avanzada o personas que sean cuidadoras únicas de menores, y el indulto necesario, orientado a situaciones en las que se acrediten violaciones graves a los derechos humanos o errores judiciales.
Para evaluar las solicitudes, se propone integrar una comisión multidisciplinaria que opere bajo criterios transparentes y rigurosos. También se plantea incorporar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en un consejo consultivo, a fin de considerar los derechos de las personas afectadas y evitar que la aplicación de estos mecanismos derive en impunidad.
Asimismo, la iniciativa establece restricciones para personas reincidentes, consideradas de alto riesgo, con reportes disciplinarios recientes o que enfrenten otro proceso penal pendiente, conforme a los criterios que contempla el proyecto.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, donde serán analizadas antes de determinar si avanzan en el proceso legislativo.
Por el momento, las propuestas no han sido aprobadas, por lo que sus disposiciones todavía no se encuentran vigentes en San Luis Potosí.
