Las mujeres representaron el 64.1 por ciento de las quejas formales presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí durante junio de 2026, de acuerdo con los registros mensuales difundidos por el organismo a través de sus obligaciones de transparencia.
En contraste, los hombres promovieron el 35.9 por ciento de los expedientes iniciados durante ese periodo, lo que refleja una mayor participación femenina en la búsqueda de atención e intervención institucional ante posibles vulneraciones de derechos.
Dentro de los grupos prioritarios, las personas adultas mayores concentraron el 9 por ciento de las solicitudes; las víctimas directas o indirectas de delitos representaron el 3.8 por ciento; mientras que las personas con discapacidad y quienes pertenecen a comunidades indígenas registraron 2.6 por ciento cada grupo.
Asimismo, los defensores de derechos humanos y las personas privadas de la libertad representaron, respectivamente, el 1.3 por ciento de las quejas.
Fiscalía concentra más señalamientos
La Fiscalía General del Estado (FGE) fue la institución que acumuló el mayor número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, al concentrar el 21.8 por ciento de los expedientes iniciados durante junio.
Entre los principales señalamientos contra la Fiscalía se encuentran retrasos en la integración de carpetas de investigación, omisión de diligencias, negativa para recibir denuncias y falta de información sobre el avance de los procesos.
Después de la FGE se ubicaron la Guardia Civil Estatal y el organismo operador de agua potable INTERAPAS, con 7.7 por ciento de las quejas cada uno. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí concentró otro 3.8 por ciento.
Los señalamientos contra las instituciones estuvieron relacionados principalmente con fallas en procedimientos, falta de actuación de las autoridades y deficiencias en la prestación de servicios públicos.
En materia de seguridad, las corporaciones estatales y municipales fueron señaladas por presunto uso excesivo de la fuerza durante detenciones, inconsistencias en informes oficiales, agresiones físicas y demoras en la puesta a disposición de personas detenidas.
Ante algunas de estas situaciones, la CEDH emitió medidas precautorias para prevenir posibles afectaciones graves y garantizar la protección de los derechos de las personas involucradas.
INTERAPAS, entre los organismos con más medidas cautelares
En cuanto a las medidas precautorias, INTERAPAS concentró el mayor porcentaje, con 35.7 por ciento, principalmente relacionadas con la suspensión presuntamente arbitraria del servicio de agua potable y la necesidad de garantizar el suministro mediante pipas.
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) atendió el 28.6 por ciento de estas medidas, enfocadas en casos de acoso escolar y en la apertura de procedimientos contra personal señalado por omisiones.
Por su parte, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social concentró el 21.4 por ciento de las disposiciones, relacionadas con garantizar condiciones adecuadas de salud y estancia para las personas privadas de la libertad.
Finalmente, la Policía Municipal respondió al 7.1 por ciento de las medidas emitidas, dirigidas a proteger las condiciones de los aspirantes que participan en las academias de formación policial.
