Una iniciativa presentada en el Congreso de San Luis Potosí plantea incorporar el trabajo comunitario como una alternativa de sanción dentro de la Ley de Tránsito del Estado, con el propósito de diversificar las medidas aplicables a quienes cometan infracciones.
La propuesta, impulsada por la diputada Jaquelinn Jauregui Mendoza, contempla que el trabajo comunitario pueda aplicarse de manera sustitutiva o complementaria a las sanciones que actualmente establece la legislación.
Actualmente, el artículo 84 contempla como sanciones administrativas la imposición de multas, así como la suspensión o cancelación de licencias y permisos especiales. De acuerdo con la legisladora, estas medidas son necesarias para mantener el orden y la seguridad vial, aunque no siempre resultan proporcionales o eficaces, particularmente en casos de infracciones menores o cuando el infractor enfrenta limitaciones económicas.
La iniciativa propone que el trabajo comunitario consista en actividades no remuneradas en beneficio de la sociedad, como limpieza de espacios públicos, labores de mantenimiento urbano, participación en campañas de concientización ciudadana y otras tareas similares determinadas por la autoridad competente.
Su aplicación estaría sujeta a criterios como la naturaleza de la infracción y la condición socioeconómica de la persona sancionada, además de los principios de proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y no discriminación.
La propuesta establece que este tipo de sanción no podrá superar las 36 horas y deberá aplicarse conforme a las disposiciones que establezca el reglamento correspondiente.
La legisladora sostuvo que la medida permitiría fortalecer la educación vial, la corresponsabilidad ciudadana y la participación social, además de contribuir al cuidado de los espacios públicos.
La iniciativa también busca alinearse con los principios de justicia cívica y prevención, al plantear una alternativa que no se limite exclusivamente a las sanciones económicas.
El proyecto se encuentra actualmente bajo análisis de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, donde se determinará su viabilidad legislativa.
