Alrededor de 40 expedientes por presuntos casos de violencia sexual en los que están involucrados docentes permanecen abiertos en San Luis Potosí, informó el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez. Señaló que todos los asuntos continúan en etapa de investigación y destacó la importancia de garantizar tanto la protección de niñas, niños y adolescentes como el respeto al debido proceso de las personas señaladas.
El dirigente explicó que las denuncias incluyen presuntos tocamientos, abuso y otras conductas reportadas ante el Departamento de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Depai). No obstante, precisó que hasta el momento ninguno de los expedientes cuenta con una resolución definitiva que determine responsabilidades.
Indicó que, cuando se presenta una denuncia de este tipo, la autoridad educativa aplica medidas cautelares que consisten en separar temporalmente al docente de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones. Sin embargo, consideró que esta medida suele derivar en señalamientos públicos que afectan la imagen de los trabajadores antes de que exista un fallo oficial.
Bárcenas Ramírez mencionó que entre los expedientes hay un caso en el que la acusación se originó por la presunta forma en que un profesor miró a un alumno, situación que, dijo, refleja la necesidad de que cada denuncia sea analizada con base en pruebas suficientes y no únicamente en percepciones o señalamientos.
El líder sindical reiteró que el SNTE no respalda a quienes hayan cometido algún delito, pero subrayó que también debe respetarse la presunción de inocencia cuando no existen elementos concluyentes. Añadió que las investigaciones pueden prolongarse desde algunas semanas hasta varios años, dependiendo de la complejidad de cada caso, por lo que consideró necesario agilizar las resoluciones cuando no haya pruebas suficientes.
Asimismo, informó que el sindicato brinda asesoría y representación jurídica a los docentes involucrados para asegurar que cuenten con una defensa durante los procedimientos administrativos y legales.
Finalmente, expresó preocupación por el impacto de las redes sociales en este tipo de casos, al considerar que pueden generar condenas públicas antes de que concluyan las investigaciones. También recordó que existe una propuesta presentada ante el Congreso del Estado para fortalecer la defensa jurídica de las y los maestros frente a acusaciones no acreditadas, sin afectar el derecho de las víctimas a denunciar y acceder a la justicia.
Además, sostuvo que algunos señalamientos pueden resultar infundados, por lo que insistió en que cada expediente debe resolverse con apego a la ley, garantizando tanto la protección de los menores como el debido proceso para todas las partes involucradas.
