Con el objetivo de garantizar los derechos político-electorales de las personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia firme, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí firmaron un convenio de colaboración para iniciar el proceso de credencialización dentro de los cinco centros penitenciarios de la entidad.
El acuerdo fue firmado este viernes 31 de julio de 2026 por la encargada del despacho de la Junta Local Ejecutiva del INE en San Luis Potosí, Patricia Santos Quevedo, y el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, quienes señalaron que esta estrategia fortalece el respeto a los derechos humanos y contribuye a los procesos de reinserción social.
De acuerdo con Patricia Santos Quevedo, el programa comenzará a finales de agosto con una etapa de capacitación para personal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y de los cinco centros penitenciarios. Durante septiembre se elaborará un padrón para identificar a las personas que podrán obtener su credencial para votar y, a partir de la tercera semana de ese mes, dará inicio la expedición de estos documentos.
El convenio contempla dos grupos de población. El primero corresponde a personas en prisión preventiva, quienes al no contar con una sentencia definitiva conservan sus derechos político-electorales, por lo que podrán tramitar su credencial y participar en futuros procesos electorales. El segundo grupo está integrado por personas con sentencia firme, quienes recibirán la credencial únicamente como documento oficial de identificación, sin posibilidad de ejercer el voto mientras permanezcan en esa condición jurídica.
Las autoridades recordaron que desde el proceso electoral anterior ya se permitió votar a personas en prisión preventiva. Para las próximas elecciones, el sufragio se llevará a cabo mediante visitas programadas de personal del INE a los centros penitenciarios, donde se instalarán mesas receptoras de votación para recabar de manera anticipada el voto de quienes formen parte del listado nominal y cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Por su parte, Jesús Juárez Hernández destacó que este convenio es resultado del trabajo conjunto con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, responsable de la administración de los centros penitenciarios estatales. Añadió que la medida fortalecerá las acciones de reinserción social al facilitar que las personas privadas de la libertad obtengan una identificación oficial y, cuando la legislación lo permita, ejerzan su derecho al voto.
Asimismo, se destacó que entidades como el Estado de México ya han implementado mecanismos similares, experiencia que servirá como referencia para la puesta en marcha del programa en San Luis Potosí.
Finalmente, las autoridades señalaron que la protección de los derechos humanos y el impulso a la reinserción social forman parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad pública y consolidar un Estado de derecho más sólido.
