El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó un encuentro institucional con representantes de diversos sectores, entre ellos universidades, centros de investigación, organismos empresariales, especialistas, periodistas y autoridades, con el objetivo de analizar los desafíos que implica la inteligencia artificial en temas como la libertad de expresión, los derechos digitales y el desarrollo tecnológico.
Durante la reunión, los participantes expusieron inquietudes y propuestas orientadas a establecer una ruta de trabajo basada en acuerdos, que permita generar certeza jurídica, fomentar el uso responsable de estas herramientas y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Como resultado de este ejercicio, el mandatario estatal firmó una iniciativa para derogar diversas disposiciones del Código Penal, así como el Decreto 0314, con la finalidad de abrir una nueva etapa de análisis legislativo mediante un proceso participativo y abierto. Asimismo, se planteó al Congreso del Estado la realización de un Parlamento Abierto y una consulta especializada en torno a la inteligencia artificial, la libertad de expresión y los derechos digitales.
En el marco del encuentro, también se formalizó la iniciativa para eliminar la conocida “Ley Serrano”, con el propósito de impulsar una legislación que priorice la dignidad humana, la libertad de expresión y la protección de derechos frente al uso de tecnologías emergentes. El documento fue entregado al Poder Legislativo para su trámite correspondiente.
El debate sobre la inteligencia artificial trascendió el ámbito local, al considerar que las plataformas digitales deben asumir responsabilidad en la difusión de información falsa. Se destacó que el reto no solo radica en regular el uso de estas herramientas, sino en involucrar a las empresas tecnológicas en el combate a la desinformación.
Especialistas coincidieron en que la derogación de la normativa vigente representa apenas el inicio de un proceso más amplio para construir un marco legal actualizado, alineado con estándares internacionales y centrado en derechos humanos. También se planteó la posibilidad de fortalecer el ejercicio periodístico mediante mecanismos que brinden mayor certidumbre a la ciudadanía.
Desde el sector empresarial, se respaldó la creación de un consejo ciudadano con representación plural que contribuya a la elaboración de una propuesta legislativa sólida y de largo alcance. De igual forma, autoridades estatales destacaron la importancia de este diálogo para comprender los impactos de la inteligencia artificial en ámbitos como la salud, la educación, el empleo y los servicios públicos.
Por su parte, el Congreso del Estado se prepara para analizar la iniciativa, con la posibilidad de organizar foros y, en su caso, convocar a un periodo extraordinario para su discusión.
El encuentro sentó las bases de un diálogo incluyente que busca avanzar hacia una regulación moderna de la inteligencia artificial, equilibrando la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales y el interés público.
