El Colegio de Bachilleres (Cobach) de San Luis Potosí habría sido blanco de un ataque informático en el que presuntamente fueron sustraídas bases de datos con información de estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y empleados.
El incidente fue atribuido a un responsable que previamente se adjudicó ataques contra otras instituciones públicas de la entidad. En esta ocasión, aseguró haber obtenido información relacionada con alrededor de 63 mil estudiantes, tres mil padres o tutores y 16 mil docentes y directivos.
Como supuesta evidencia de los archivos obtenidos, el atacante difundió información personal y académica de una estudiante, además de datos relacionados con el director general del Cobach, Daniel Centeno.
A diferencia de los incidentes anteriores que se le atribuyen, en este caso el responsable habría anunciado su intención de comercializar la información presuntamente sustraída.
De acuerdo con su versión, el ataque habría ocurrido como represalia luego de que fueran deshabilitados los enlaces utilizados para descargar archivos que presuntamente habían sido obtenidos durante un ataque previo contra el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
El caso se suma a otros incidentes informáticos atribuidos al mismo responsable en las últimas semanas, entre ellos los señalados contra el Poder Judicial del Estado y el gobierno municipal de la capital potosina. En el caso del Poder Judicial, autoridades negaron que sus sistemas hubieran sido vulnerados.
Por su parte, el Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que interpondría una denuncia penal relacionada con el ataque y la posible extracción de información.
Posteriormente, el presunto responsable informó que los enlaces utilizados para descargar los archivos relacionados con los distintos casos habían sido desactivados. Al intentar acceder a algunas de las ligas difundidas previamente, aparecían mensajes indicando que el contenido había sido eliminado.
Hasta el momento, la información sobre la presunta vulneración al Cobach permanece bajo investigación, mientras el caso vuelve a poner en el centro de atención la seguridad de los sistemas digitales y la protección de datos personales en las instituciones públicas de San Luis Potosí.
