Los proyectos de extracción mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking, no solo representan posibles riesgos ambientales, sino que también generan impactos sociales, políticos y emocionales en comunidades indígenas y campesinas, advirtió Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante de un observatorio especializado en temas indígenas.
El especialista señaló que la discusión sobre este tipo de proyectos no debe centrarse únicamente en los beneficios económicos o en la soberanía energética, sino también en las consecuencias que tienen para la organización comunitaria y la vida de los pueblos originarios.
Explicó que las afectaciones comienzan incluso antes del inicio de las actividades de extracción, pues se generan conflictos internos, incertidumbre y preocupaciones entre la población. Consideró que uno de los principales problemas es el incumplimiento de compromisos federales relacionados con la protección del territorio y la prohibición del fracking y la minería a cielo abierto. Añadió que, tras el proceso electoral, el discurso oficial ha privilegiado la soberanía energética, dejando en segundo plano la protección de la salud, el territorio y las comunidades.
Indicó que esta situación resulta especialmente compleja para las poblaciones que viven en condiciones de pobreza y dependen parcialmente de programas sociales. Aunque la legislación reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, afirmó que continúan enfrentando decisiones tomadas sin una participación efectiva y con acceso limitado a información técnica sobre los riesgos de los proyectos extractivos.
Como ejemplo, mencionó que en comunidades de la Huasteca Potosina se han documentado presuntas presiones políticas relacionadas con programas sociales, además de señalar que existen cuestionamientos sobre los mecanismos de consulta implementados por las autoridades.
Cisneros Sánchez explicó que este contexto puede generar consecuencias tanto individuales como colectivas. Entre ellas destacó ansiedad, estrés e incertidumbre sobre el futuro de las familias, así como un sentimiento de pérdida ante la posible transformación del entorno natural. En el ámbito comunitario, advirtió sobre divisiones entre habitantes, debilitamiento de las asambleas y una disminución de la confianza en las instituciones.
Añadió que uno de los principales riesgos es la confrontación entre quienes respaldan los proyectos por motivos económicos y quienes buscan preservar el territorio y los recursos naturales de sus comunidades.
Ante este panorama, señaló que las comunidades indígenas han fortalecido sus mecanismos de organización interna mediante asambleas autónomas, donde analizan la información, toman decisiones conforme a sus sistemas normativos y promueven el uso de las lenguas originarias durante las deliberaciones.
Asimismo, indicó que se impulsa la reflexión sobre el carácter constitucional de los programas sociales, con el propósito de que sean reconocidos como un derecho y no como un beneficio sujeto a condicionamientos políticos. También destacó que las comunidades han reforzado prácticas tradicionales, como el trabajo en la milpa, el intercambio local y las redes de solidaridad, para disminuir su vulnerabilidad frente a proyectos extractivos y mantener la unidad comunitaria.
