La Fiscalía General de la República (FGR) informó que San Luis Potosí formó parte de la ruta ferroviaria presuntamente utilizada para el traslado de combustible de procedencia ilegal, dentro de una investigación relacionada con una empresa en la que figura el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
A través de un comunicado, la dependencia federal rechazó que las indagatorias sobre esta presunta red de contrabando de hidrocarburos tengan un trasfondo político y aseguró que las investigaciones continúan con base en los elementos recabados.
De acuerdo con la FGR, el esquema de contrabando por vía férrea habría ocasionado un daño estimado en más de cuatro mil millones de pesos a la hacienda pública.
La investigación inició tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. A partir de ese hecho, las autoridades realizaron inspecciones de campo, toma de muestras y diversos peritajes para determinar el contenido de las unidades, además de implementar medidas para preservar los indicios.
Posteriormente, las diligencias se ampliaron para analizar toda la cadena logística del combustible. Como resultado, fueron localizados otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, los cuales presentaban características similares de importación irregular, ya que únicamente se declaraba el 10 por ciento del combustible que realmente transportaban.
La Fiscalía señaló que estos hallazgos permitieron reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del hidrocarburo.
Asimismo, recordó que desde el año pasado se realizaron operativos en el patio ferroviario de una empresa ubicada en el municipio de Vanegas, San Luis Potosí, además de otras acciones en Coahuila y Tamaulipas.
Según la dependencia, lo que inicialmente parecía un caso aislado derivó en la identificación de una red logística de mayor alcance, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en distintas entidades del país.
Como parte de la investigación, el análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la empresa importadora principal, constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México.
La FGR detalló que Ernesto Ruffo Appel se incorporó a la estructura societaria de la empresa en octubre de ese mismo año y que, para 2021, ya aparecía como accionista y ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Administración, participando en la representación legal y en la toma de decisiones estratégicas de la sociedad, de acuerdo con las investigaciones en curso.
