Rosalinda Ávalos, exagente de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), vive bajo amenaza constante.
Su nombre se hizo público en noviembre de 2020 cuando irrumpió en el Congreso local para denunciar que Sabas Santiago Ipiña, aspirante a juez, estaba presuntamente implicado en el asesinato de sus hijos y tenía presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con voz quebrada, lanzó una advertencia que aún resuena: “Ayúdame, me van a matar”. Su intervención derivó en la exclusión de Ipiña del proceso de selección de jueces al determinarse que no cumplía con los requisitos constitucionales.
Su denuncia fue contundente: “Uno de los responsables de la muerte de mis hijos quiere ser juez”. El comité de selección revisó el caso y retiró la candidatura de Ipiña, lo cual marcó un precedente en el ámbito judicial local. Sin embargo, esa victoria inicial se convirtió en el inicio de una persecución que se ha recrudecido cinco años después.
En marzo de 2025, Ipiña presentó una denuncia penal y civil contra Ávalos. Los cargos incluyen abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y daño moral, derivados de su intervención en el Congreso.
Según ella, es la identidad de los testigos presentados por el excandidato: entre ellos se encuentra Artemio “N”, apodado como “El Memo” e identificado como presunto jefe del CJNG, así como la esposa de uno de los imputados por el homicidio de sus hijos.
“No estoy segura. Estoy muy aprensiva. Ansiosa por toda esta situación. Necesito que esto se haga público. Mi vida y la de mi hija corren peligro”, declaró Ávalos en entrevista con el periodista Enrique Hernández Alcázar en W Radio.
Sobre esa misma línea, el abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización civil “Defensorxs”, confirmó que la denuncia en su contra se basa en testimonios de personas ligadas al crimen organizado.
Pese a la gravedad del caso, la fiscalía estatal solo le otorgó como medida cautelar patrullajes en el exterior de su domicilio. Para Ávalos y su defensa, esta acción es insuficiente frente al nivel de riesgo que enfrenta.
Se encuentra bajo resguardo en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde recibe acompañamiento legal. Sin embargo, insiste en que ni las autoridades estatales ni las federales han atendido su caso de manera adecuada.
“Al estado no le importa mi caso”, declaró en otra entrevista. “El Estado me está revictimizando. Ya fui víctima por el propio Estado porque los que mataron a mis hijos son policías de investigación, y ahora yo soy la perseguida”, sentenció.
El caso de Rosalinda Ávalos refleja la complejidad y el riesgo de denunciar vínculos entre autoridades y el crimen organizado en México. Su historia no solo es la de una madre que busca justicia por el asesinato de sus hijos, sino la de una agente que se atrevió a señalar a un aspirante a juez con presuntos nexos criminales y que hoy enfrenta un proceso judicial que la expone aún más.
“Estoy sola en esto, enfrentando a jueces, ministerios públicos y servidores públicos. Pero no me voy a callar”, dijo en entrevista.
La exigencia de Ávalos es clara: que el Estado deje de revictimizarla, que se esclarezcan los delitos que se le imputan y que se le brinde la protección necesaria para seguir con vida.
El 11 de noviembre de 2020, dos de los tres hijos de Rosalinda Ávalos, de 18 y 20 años, fueron asesinados en un ataque armado en su domicilio en la colonia La Lomita, ubicado en la zona de Soledad de Graciano Sánchez. Solo sobrevivió su hija mayor.
Reportes oficiales, sujetos armados dispararon contra los jóvenes en la puerta de su casa. Servicios Periciales levantaron los cuerpos y abrió una carpeta de investigación. Por su parte, la fiscalía estatal informó que había nueve detenidos por el ataque, pero, hasta la fecha, ninguno ha sido llevado a juicio.
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