En su cruzada por evitar ser auditada por la instancia fiscalizadora local, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrentó una derrota judicial que complica su pretensión.
El litigio que inició con la Auditoría Superior del Estado y continuó con su nueva encarnación, el Instituto de Fiscalización Superior del estado, a través del amparo 625/2023, tuvo un nuevo capítulo el pasado 4 de noviembre, cuando el Juzgado Sexto de Distrito sobreseyó el amparo universitario al considerar improcedente el reclamo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
En abril de 2023, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó un amparo contra la intención de la entonces Auditoría Superior del Estado de auditar su cuenta pública de 2022.
La Universidad objetó, por primera vez, el inicio de procedimiento de fiscalización del manejo de sus recursos. Antes de esa ocasión, había colaborado sin problemas.
Sus argumentos fueron que el Congreso no había seguido el procedimiento para nombrar formalmente a Edith Muñoz Gutiérrez como titular de la Auditoría Superior del Estado.
En diciembre de 2021, la funcionaria entró al relevo de Rocío Cervantes, quedando como encargada de despacho. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí argumentó que el Congreso, la otra instancia involucrada en el amparo, incumplió la obligación de nombrar a una nueva titular de la Auditoría Superior del Estado en el siguiente periodo ordinario, que empezaba en febrero de 2022.
Muñoz Gutiérrez nunca pasó de ser encargada de despacho en los alrededor de dos años que estuvo en el cargo.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí consideró que al iniciar el proceso de fiscalización de sus recursos, Edith Muñoz actuaba de manera ilegal y, por tanto, no tenía atribuciones para revisar los números de la Universidad.
El PJF desechó la solicitud del amparo, pero a través de un recurso de queja presentado en noviembre del año pasado, consigue que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, lo rescate y ordene al Juzgado Sexto que le diera trámite.
El Tribunal procesa el amparo y el pasado 4 de noviembre expone su fallo, en el que sobresee el recurso y señala tres razones principales.
La primera es que el juzgador encontró que “no existe la omisión de la que se duele la parte quejosa” porque no encontró en la Ley de Fiscalización un mandato normativo expreso que obligará al nombramiento de una nueva titular de la Auditoría Superior del Estado en los términos expuestos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, por tanto, no hubo omisión legislativa.
El Juez ofrece otro par: en octubre de 2023, desaparece la Auditoría Superior del Estado para ser sustituida por el Instituto de Fiscalización Superior del estado, en el que queda al frente Rodrigo Lecourtois López.
Con su nombramiento, “se actualiza una cesación de los actos reclamados”, lo que invalida el amparo.
El tiro de gracia al amparo lo da la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues el juez anota que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí acudió al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para promover un juicio de nulidad contra el mismo acto, la intención de la Auditoría Superior del Estado, hoy Instituto de Fiscalización Superior del estado, de auditar el ejercicio 2022 de la institución. El expediente fue etiquetado con la clave 0477/2024. Fue admitido por el tribunal el tres de julio de este año y está en proceso de resolución.
La Ley de Amparo prevé en su artículo 61 que un amparo es improcedente cuando el hecho que lo generó es impugnado ante un tribunal ordinario.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí dinamitó sus posibilidades con la justicia federal y ahora le apuesta todo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Quién sabe si porque vieron mayores posibilidades de ganar en esa instancia, porque semblantearon que el amparo no tenía futuro o por un error en la estrategia judicial, pero la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya no litiga ante la justicia federal el ser fiscalizada por el Instituto de Fiscalización Superior del estado.
La insistencia le genera polémica a la institución, y al rector Alejandro Zermeño Guerra, que se queda con poco margen para actuar.
También hace crecer el costo, político, administrativo y hasta legal, que deberá pagar si no logra su cometido.
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