Este martes por la tarde, la Embajada de Israel en Ciudad de México se convirtió en el epicentro de una intensa manifestación pro Palestina. Cientos de manifestantes se congregaron frente al edificio diplomático, intentando derribar las vallas de seguridad y lanzando objetos, incluyendo cócteles molotov, contra los agentes de policía y la estructura misma.
Las imágenes capturadas en el lugar revelan escenas de alta tensión: decenas de manifestantes arrojando objetos incendiarios, piedras y bombas de humo mientras gritaban consignas en contra de Israel y su intervención militar en la Franja de Gaza. Los enfrentamientos no tardaron en escalar, con la policía respondiendo con gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Según informes, varios policías resultaron heridos durante los disturbios.
En paralelo a estos eventos, el gobierno mexicano ha dado un paso significativo en el ámbito internacional. México ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la autorización para intervenir en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel, acusándolo de violar la Convención sobre el Genocidio a través de su ofensiva en Gaza. Este tribunal ya ha emitido medidas cautelares contra Israel en tres ocasiones relacionadas con este conflicto.
La CIJ anunció hoy que México presentó oficialmente su solicitud el pasado 24 de mayo, argumentando que su intervención busca proporcionar una opinión experta sobre la interpretación de las disposiciones de la Convención relevantes para este caso, iniciado el 29 de diciembre con el objetivo de «evitar un genocidio en Gaza».
En su solicitud, México enfatiza que el genocidio puede ocurrir en el contexto de conflictos armados, destacando la vulnerabilidad de las poblaciones civiles y la permisibilidad del uso de la fuerza como factores que pueden facilitar atrocidades y justificar actos genocidas. El gobierno mexicano sostiene que reconocer y probar la intencionalidad genocida es crucial para prevenir y abordar estas graves atrocidades, garantizar justicia para las víctimas y mantener los estándares legales internacionales.
México argumenta además que es esencial examinar, bajo esta convención, la negativa de Israel a permitir el acceso de ayuda humanitaria a la población civil de Gaza. Esta negativa, señala, crea condiciones de vida que causan grave daño corporal y mental a los palestinos, lo cual puede ser interpretado como una forma de destrucción parcial o total de dicho grupo.
El gobierno mexicano añade que las políticas que niegan el acceso humanitario pueden resultar en hambruna, una táctica histórica de guerra que puede estar estrechamente vinculada con una intención genocida.
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