La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo al aprobar la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar con 19 votos a favor de MORENA y sus aliados y 10 en contra de los legisladores de oposición.
Orígenes y justificación del fondo
La propuesta busca corregir las reformas de pensiones de 1997 y 2007, impulsadas por el Partido Revolucionario institucional (PRI), y el Partido Acción Nacional (PAN), que dejaron deficiencias en el sistema actual, afectando a 45 millones de trabajadores con una tasa de reemplazo garantizada por debajo del 40%. Según Ignacio Mier, coordinador de MORENA, el objetivo es crear un fondo solidario de compensación que garantice una pensión digna sin afectar los derechos de los trabajadores.
Recursos y financiamiento
El fideicomiso se nutrirá, en parte, de aproximadamente 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas en las Afores de trabajadores mayores de 70 años. Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión, especificó que este monto representa una fracción de los 6 billones de pesos que manejan las administradoras de fondos.
Críticas y preocupaciones
La creciente propuesta de gasto en pensiones ha suscitado preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el gasto presupuestal en pensiones aumentaría del 5.8% del PIB actual a un 7.8% para 2030, según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Alejandra Macías, directora del CIEP, advierte sobre el riesgo de este acelerado incremento en los compromisos de gasto en pensiones. «Este aumento podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y afectar el financiamiento de otros derechos fundamentales como la salud y educación. Continuar incrementando esta proporción implica descuidar políticas públicas esenciales, como la creación e implementación de un sistema de cuidados», enfatizó.
Incluso sin las iniciativas aprobadas, solo considerando la dinámica poblacional y las actualizaciones por inflación, para 2030 se destinaría un 7.1% del PIB al pago de pensiones. Con las propuestas de aumentar la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM) en un 15% anual, el gasto en pensiones podría alcanzar el 7.8% del PIB en seis años, lo que agrega presión al presupuesto.
Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda proyecta una disminución en los ingresos públicos, estimando que para 2029 estos se ubicarán en el 20.8% del PIB. Esta combinación de mayores gastos en pensiones con menores ingresos públicos plantea un escenario preocupante.
Por otro lado, las críticas de los partidos políticos de oposición también han resaltado diversos puntos de preocupación. Rocío González, diputada del PAN, ha argumentado que se trata de un «robo» a los ahorros de los trabajadores, ya que son recursos privados que el gobierno federal no debería disponer. Patricia Terrazas, también del PAN, señala que la reforma no garantiza una pensión al 100% para los trabajadores y que debilitaría al ISSSTE al desviar recursos destinados a programas de salud, vivienda, educación y seguridad social.
Lilia Aguilar del Partido del Trabajo (PT) subraya la necesidad de corregir el sistema actual que permite inversiones privadas sin garantías claras, resultando en que solo el 30% de los trabajadores que deberían recibir pensiones las estén obteniendo.
Ante las críticas y dudas surgidas en torno a la reforma, Tereso Medina del PRI propone la realización de un parlamento abierto para discutir a fondo el proyecto y aclarar las preocupaciones de los trabajadores. Este llamado a la transparencia busca garantizar que el proyecto sea discutido de manera responsable y se considere el impacto real en los trabajadores y el sistema de pensiones.
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