En una declaración trascendental, el gobierno de México admitió este martes la preocupante cifra de 15 aspirantes asesinados en el marco del actual proceso electoral hacia las elecciones del 2 de junio. Esta revelación, efectuada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, arroja luz sobre la amenaza de la violencia que empaña el camino democrático del país.
De los lamentables fallecimientos, únicamente dos de las víctimas se habían registrado oficialmente como candidatos ante las autoridades electorales, mientras que cinco eran precandidatos y ocho se encontraban en la etapa de aspirantes, habiendo manifestado su intención de participar en el proceso electoral. La secretaria Rodríguez enfatizó la firme determinación del gobierno en la salvaguarda de los candidatos de todos los niveles de elección popular.
«Hay un compromiso total para proteger a los candidatos y candidatas en este crucial proceso electoral», afirmó la funcionaria. «Estamos implementando un plan estratégico con la presencia de la Guardia Nacional en las áreas afectadas por la inseguridad».
Este reporte oficial del gobierno contrasta con las cifras estimadas por organizaciones ciudadanas. Mientras la consultora Data Int contabiliza 28 asesinatos, Data Cívica ha registrado 10 en el primer bimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023. Esta discrepancia subraya la urgencia de abordar la violencia política de manera efectiva y transparente.
La estrategia conjunta entre el gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE) para proteger a los candidatos federales se ha traducido en un tiempo de respuesta ágil, que no excede las 72 horas. «Hasta el 1 de abril, hemos recibido 108 solicitudes de protección, de las cuales 86 han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 están bajo análisis de riesgo», detalló la Secretaria Rodríguez.
Las solicitudes de protección abarcan a diversos niveles de candidatura, desde la presidencia hasta diputados. De estas, 34 corresponden a candidatos de partidos aliados al gobierno, mientras que el resto proviene de la oposición. El compromiso del gobierno es claro: todas las solicitudes serán atendidas de manera inmediata para garantizar un proceso electoral pacífico y seguro.
Recordando la envergadura de las próximas elecciones, la Secretaria de Seguridad subrayó que el gobierno federal protege a los candidatos federales y aspirantes a gobernador, mientras que los gobiernos estatales y municipales tienen la responsabilidad de proteger a los candidatos locales. Con más de 20 mil cargos de elección popular en juego y una lista de candidatos en constante crecimiento, el desafío de asegurar un proceso electoral libre de violencia es imperativo para la estabilidad democrática del país.
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